En la mañana de hoy ha tenido lugar una reunión en la que representantes del sector agrario (Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, AVA-Asaja y LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders) han trasladado al Delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, al secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez Mulero, a la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, al Fiscal Superior de Justicia, Antonio Montabés, y a los máximos responsables de los cuerpos policiales (Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Autonómica), la preocupación existente por el problema de la creciente delincuencia en el medio rural.
La convocatoria de esta reunión surge a raíz de la petición realizada por las organizaciones representativas del sector agrario, quienes convocaron el pasado 8 de abril una rueda de prensa para exponer ante los medios de comunicación los datos sobre robos en campo referentes al pasado año 2015. El informe, que cifra en 64.000 euros diarios las pérdidas del sector por esta circunstancia, avala el crecimiento de este tipo de prácticas delictivas, la profesionalización de las mismas, la existencia de circuitos alternativos en los que se compran y venden los productos robados y la ineficacia de las medidas adoptadas hasta el momento para hacer frente al problema. En esta rueda de prensa, los líderes de AVA-Asaja, LA UNIÓ y Cooperatives Agro-alimentàries solicitaron a todos los agentes implicados una actuación coordinada para sentar las bases de un plan integral que permita luchar efectivamente contra este problema, y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para disponer de un marco legal que garantice la efectividad de las denuncias, así como la erradicación de los circuitos paralelos y sanciones contundentes para todos los implicados en esta clase de actividades delictivas.
En el transcurso de la reunión, se ha acordado la creación de un Grupo de Trabajo a nivel técnico, que se reunirá con regularidad y en el que estarán representados todos los agentes implicados en la lucha y prevención de la delincuencia en el campo valenciano: Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, la FVMP como representante de los cuerpos de Policía Local, la Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo y Generalitat. Morgues ha defendido esta actuación coordinada, solicitada en su momento por los líderes agrarios valencianos asegurando que «el sector agrario es un sector estratégico, fundamental y básico. Eso exige que Administración General, Autonómica, Local, Justicia, cuerpos policiales y asociaciones agrarias vayamos de la mano«.
Otra de las medidas acordadas es la puesta en marcha de un Plan de Inspección de almacenes ilegales, uno de los focos que alimenta el circuito delictivo en el medio rural. Para ello, se inspeccionarán estos puntos de venta exigiendo la documentación necesaria para el desarrollo de la actividad y los documentos de trazabilidad de la fruta a la venta. Cabe recordar que el problema de los robos en campo trasciende el ámbito meramente económico y tiene serias implicaciones en materia de Sanidad Pública, por lo que las organizaciones representativas del campo valenciano reclamaron a las Administraciones el desarrollo de acciones de control e inspección desde diferentes frentes.
El Delegado del Gobierno en la Comunitat ha reconocido que la coordinación entre todos los agentes implicados es necesaria, así como el empleo de técnicas de inteligencia, ya que hay ocasiones en las que la actividad delictiva es perpetrada por bandas organizadas, que conocen perfectamente los resquicios legales para evitar las mayores sanciones impuestas por el Código Penal y que cuentan con los medios adecuados para desarrollar estos robos y trasladar los productos robados a sitios en los que obtienen un beneficio inmediato por su venta.
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